Con la entrada en vigor de la Ley 11/2018 de 28 de diciembre sobre Información no Financiera y Diversidad, las grandes empresas españolas tendrán que presentar un Estado de Información No Financiera (EINF), es decir, aquella relacionada con aspectos relativos a cuestiones medioambientales, sociales y de personal, derechos humanos, corrupción y soborno, y aspectos sociales/societarios.

El EINF debe de ser verificado por un tercero independiente y se presenta en el registro mercantil, junto con las cuentas y el informe de gestión. Con la entrada en vigor las empresas se han encontrado con un plazo muy corto para la elaboración de una información que en la mayoría de los casos no está recogida de manera ordenada y sistemática.

A partir de ahora y de manera inmediata, las empresas tendrán que preocuparse de contar con un buen sistema de información que permita gestionar, actualizar y asegurar los datos no financieros. Ya no se preocuparán solo de sus cuentas sino también de su conducta corporativa. Deberán de integrar la responsabilidad social en su estrategia con un plan (plan de RSC) en el que se fijen unos objetivos para cuyo cumplimiento se contemplen medidas como reducir las emisiones de CO2, fomentar la diversidad, la igualdad y la conciliación, o reducir la brecha salarial.

Aunque la rendición de esta información no financiera puede conllevar riesgos reputacionales, se trata de una oportunidad para las empresas de ser sostenibles a través de su gestión.

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